Ciudad de México 25 septiembre 2026.- Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Contraloría de San Luis Potosí activar los trámites que impiden al Gobierno de la capital del Estado iniciar 14 proyectos de infraestructura.
El Alcalde de San Luis Potosí es el priista Enrique Galindo Ceballos, mientras que el Gobierno del Estado es controlado por el morenista Ricardo Gallardo, que en 2022 designó como Contralor a Sergio Aguiñaga Muñoz.
Los proyectos de infraestructura fueron presentados a revisión de la Contraloría entre el 29 de abril y el 20 de julio, pero no ha habido respuesta. Sin esa autorización, el Municipio no puede convocar a licitaciones y se arriesga a perder 45.9 millones de pesos de recursos federales que tiene que ejercer este año, lo que ha llevado a Galindo a acusar «motivaciones políticas».
Ante una controversia constitucional del Municipio, la Ministra María Estela Ríos notificó el 17 de septiembre una orden a la Contraloría para resolver lo solicitado.
«Se concede la suspensión para el efecto de que la Contraloría del Estado, a través de su Dirección Jurídica de Contrataciones Públicas, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, emita las respuestas que en derecho correspondan (ya sea la no objeción, o la formulación de observaciones técnicas fundadas), respecto de cada una de las catorce solicitudes», ordenó la Ministra.
Agregó que, de no conceder la suspensión, se causaría un daño irreparable al Municipio, ante la imposibilidad de ejecutar obras necesarias. Dichas obras incluyen la pavimentación de ocho avenidas, un paso superior vehicular, la ampliación de un eje vial, una red de agua potable, un skate park y un auditorio, entre otras.
Ríos también vinculó al Gobernador para acatar la suspensión. La administración de Gallardo puede impugnar esta suspensión ante el Pleno de la Corte, pero eso no le permite evadir la orden que ya dictó la Ministra.
Aunque ordenó a la Contraloría resolver las solicitudes del Ayuntamiento, la Ministra Ríos rechazó autorizarlo directamente para que convoque a las licitaciones para las obras respectivas.
«Ello implicaría que este Alto Tribunal asuma anticipadamente que los proyectos de licitación del municipio están apegados a la ley, lo cual no es materia de la impugnación, ni puede ser validado provisionalmente», explicó Ríos.
La suspensión también fue negada contra una petición de la Contraloría para que el municipio presente un acta notarial sobre el estado físico de cada uno de los inmuebles donde se ejecutarán las obras. Según la demanda, este requisito no está previsto en ley alguna.