San Luis, SLP, 7 noviembre 2024.- En medio de creciente controversia, la Iglesia Católica de San Luis Potosí enfrenta una fuerte crítica pública tras la remoción de un sacerdote acusado de enviar mensajes inapropiados a una feligresa. A pesar de las graves implicaciones de esta conducta, la respuesta de las autoridades eclesiásticas ha generado indignación al percibirse como un intento de minimizar los hechos y proteger al sacerdote involucrado.
El sacerdote, cuyo servicio estaba asignado en la parroquia de Ocampo, ubicada en el municipio de San Nicolás Tolentino, fue retirado de sus funciones tras la queja presentada. Sin embargo, según declaraciones del vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, se insiste en que el religioso “no incurrió en ninguna conducta con menores de edad”, aseveración que busca desmentir lo difundido en redes sociales, pero que ha sido interpretada como una estrategia para atenuar la gravedad del asunto.
Cruz Perales informó que el sacerdote se encuentra “bajo resguardo en un retiro” y, aunque se le mantiene bajo supervisión, aún tiene permitido celebrar misa en la iglesia de las Tres Aves Marías. Además, existe un documento firmado por el propio arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe que lo designa como vicario de dicha parroquia, a pesar de las denuncias. Esta medida ha sido interpretada por muchos como una protección y una señal de que el sacerdote sigue contando con respaldo eclesiástico.
La conducta del sacerdote, reconocida por el propio vocero como “reprobable”, es vista como una amenaza no solo a la credibilidad personal del religioso, sino también a la confianza en el ejercicio de su sacerdocio. Sin embargo, el anuncio de que el sacerdote no tendrá responsabilidad autónoma y será “mantenido bajo cuidados” ha sido criticado como una respuesta insuficiente, especialmente en un contexto en el que se espera mayor transparencia y responsabilidad por parte de la Iglesia.
La comunidad ha alzado la voz exigiendo justicia y claridad en el manejo de estos casos, considerando la conducta del sacerdote y la aparente complicidad de las autoridades eclesiásticas como un acto que atenta contra los valores y la integridad de los feligreses.
