Por Héctor Guerrero
Lo que ocurre en Sinaloa no me deja ni me dejará de ser ajeno por mis raíces, en los últimos años, la entidad ha sido un campo de batalla entre las facciones del crimen organizado, específicamente entre los grupos liderados por «Los Chapitos» y «Los Mayos».
Esta guerra ha dejado a la población atrapada en una espiral de violencia que parece no tener fin, a pesar de los abrazos o los balazos de los gobiernos en turno.
Lo que comenzó como una guerra interna entre carteles ha escalado a niveles alarmantes, afectando no solo a los involucrados en el narcotráfico, sino a ciudadanos comunes que viven en constante miedo.
Desde la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en julio de 2024, la situación en Sinaloa ha empeorado. Las calles de Culiacán y otras regiones del estado se han convertido en escenarios de masacres, secuestros y enfrentamientos armados que superan a las fuerzas de seguridad.
La Sedena confirmó recientemente que 19 personas murieron en enfrentamientos durante la detención de Edwin Antonio, alias «El Max», uno de los líderes de una facción del cártel de Sinaloa. Este enfrentamiento es solo una muestra de la intensidad con la que estos grupos operan y de cómo el gobierno ha sido incapaz de controlar la situación.
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había defendido una estrategia de «abrazos, no balazos», argumentando que la violencia no se puede combatir con más violencia, este enfoque ha sido duramente criticado, especialmente en Sinaloa, donde la violencia ha escalado a niveles sin precedentes.
La captura de Zambada y los enfrentamientos subsecuentes han puesto en evidencia las limitaciones de esta estrategia. La presencia militar y de fuerzas federales no ha logrado impedir que los grupos criminales sigan actuando con total impunidad. La ciudadanía se siente abandonada y, con razón, cuestiona si el gobierno ha sido superado por el poder del crimen organizado.
Pero la situación no ha mejorado con el cambio de administración. Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en 2024, no se han visto cambios significativos en la política de seguridad en Sinaloa. Al igual que su predecesor, Sheinbaum ha priorizado el control de daños y la contención, pero estas medidas no han sido suficientes para frenar la ola de violencia que afecta al estado.
El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es un claro ejemplo de cómo las investigaciones en torno a crímenes de alto perfil se ven envueltas en controversias y señalamientos de corrupción.
La Fiscalía de Sinaloa ha sido acusada de realizar un montaje en la investigación del asesinato de Cuén, presentando un video en el que supuestamente se muestra que fue asesinado en una gasolinera.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) descalificó esta versión, señalando que el ex rector fue asesinado en un rancho, en el mismo lugar donde fue detenido «El Mayo» Zambada. Las inconsistencias en la investigación y las acusaciones de montaje han manchado aún más la reputación de las autoridades locales, que ahora son investigadas por presunta participación en el asesinato.
En medio de todo esto, los empleados de la Fiscalía de Sinaloa han salido a rechazar categóricamente estas acusaciones, afirmando que su trabajo se realizó conforme a los protocolos establecidos. Pero la pregunta persiste: ¿quién está diciendo la verdad? La población sigue siendo testigo de cómo las autoridades se culpan unas a otras mientras la violencia no cesa. No hay claridad en las investigaciones, y esto solo aumenta la desconfianza hacia las instituciones.
Desde la captura de «El Mayo» hasta la controversia en torno al asesinato de Cuén, la ciudadanía de Sinaloa ha sido la más afectada. Las promesas de seguridad se sienten vacías cuando uno no puede salir de casa sin el temor de quedar atrapado en un fuego cruzado o ser víctima de un levantón. La narrativa oficial, que insiste en que se está controlando la situación, choca con la realidad de las cifras crecientes de muertos y desaparecidos.
La sociedad sinaloense ya no espera respuestas, sino acciones concretas que detengan esta ola de violencia que parece interminable.
Es difícil no pensar que, a pesar de las promesas y de las estrategias fallidas, tanto AMLO como Sheinbaum han fracasado en proteger a Sinaloa de los estragos del narcotráfico.
¿Será por eso que en los próximos días el primer sacrificado sería el mismísimo gobernador Rubén Rocha Moya, a quien el cargo le ha quedado más que grande?
Pero el problema no es que se vaya Rocha Moya, el problema es quién se queda en el cargo, para tratar de calmar un poco las turbulentas aguas que hay en Sinaloa.
Nombres suenan varios, pero la realidad es que no se ponen de acuerdo por los intereses de por medio de todos los actores que tiene en jaque a Sinaloa y principalmente a su población.
Ya veremos quién es el valiente, el elegido o el bendecido.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
