Agencia Reforma

Rolando Herrera

San Luis, SLP 27 mayo 2024.- La administración del priista Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien pretender reelegirse como Alcalde de San Luis Potosí, fue reprobada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2022.

El ente fiscalizador detectó irregularidades por 566.5 millones de pesos, solicitó aclarar 37.7 millones y emitió 36 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) para que sean investigadas y, en su caso, castigadas por el Órgano Interno de Control del Municipio.


«Este Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de San Luis Potosí, considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el municipio de San Luis Potosí, S.L.P., durante el periodo fiscalizado comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, respecto de las operaciones examinadas», concluyó.


Los resultados de la auditoría fueron entregados al Congreso del Estado el pasado 31 de octubre de 2023 y, de acuerdo con la ley, el Municipio todavía contaba con un plazo de 30 días hábiles para realizar las aclaraciones que considerara pertinentes.

La revisión del ente auditor a Galindo Ochoa, quien encabeza la candidatura de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, conformada por PAN, PRI y PRD, encontró que durante 2022 se asignaron contratos en forma directa sin sujetarse a las reglas establecidas por la ley y a proveedores que tenían un giro distinto a los bienes y servicios solicitados.


«Derivado de la valoración por parte del personal auditor a la información y documentación presentada, se tiene por no solventado, debido a que la documentación presentada no justifica los procesos de adjudicación con las facturas emitidas, por la compra de medicamentos, material de limpieza, material eléctrico, material de construcción, por un importe $54,010,926.06 (54 millones diez mil 926 pesos con seis centavos)», consigna la auditoría en uno de sus hallazgos.



El ente auditor señaló en otro hallazgo que el Municipio permitió la entrega de material de construcción a través de la organización Movimiento Pueblo Libre, que cobró una cuota para entregar los materiales y no existe evidencia de que, efectivamente, se hiciera el reparto.



Esta organización es encabezada por Pedro Torres, cuya hija, Elizabeth Torres, fue candidata de Morena a la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez en 2021.

«Se verificó que del material (Cemento y ARMEX) entregado por el Programa Municipal Emergente de Mejoramiento de Vivienda, se observó que de la revisión en campo, se hizo constar en acta circunstanciada, que el material fue entregado por medio de integrantes del ‘Movimiento Pueblo Libre’ y no a través de la instancia ejecutora, en muchos de ellos el apoyo otorgado fue condicionado por los líderes del movimiento al cobrar una cuota a los beneficiarios de $1,600.00; de la visita de inspección al domicilio señalado como punto de entrega a varios beneficiarios, se verificó la inexistencia del lugar», reportó el órgano auditor.



Uno de los mayores importes que reclama el ente fiscalizador, es «un préstamo» que el Municipio hizo al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), al asumir un crédito destinado a este organismo descentralizado sin tener facultades para ello.



«Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de $84,108,791.67 (Ochenta y cuatro millones ciento ocho mil setecientos noventa y un pesos 67/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de Recursos Fiscales, por realizar convenio de reconocimiento de adeudo con una institución bancaria, cuyo instrumento financiero es propio del factoraje bursátil», indicó.

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