Inti Vargas
Agencia Reforma
Ciudad de México 9 septiembre 2024.- La presidenta la Suprema Corte, Ministra Norma Piña, propuso un listado de acciones para mejorar no sólo el sistema de justicia, sino la seguridad y la atención a víctimas de la violencia.
En un pronunciamiento como titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura federal, la Ministra Piña llamó a los legisladores a considerar estas propuestas en el debate.
«La demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende; si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
«Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y de injusticia del País son culpa de los jueces. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente; nuestra convicción va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y con el País que todos anhelamos», indicó Piña.
La Ministra puso a disposición del público en general los documentos «Reforma integral al sistema de justicia en México» y «La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura».
«Reforma integral al sistema de justicia en México» y «La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura».
En el primero no sólo se plantean reformas al sistema de justicia, sino también un cambio de enfoque en seguridad y en el combate a las drogas, así como un acompañamiento a personas presas en situación vulnerable.
Algunas de las propuestas son estandarizar las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales del País; derogar figuras jurídicas, como la prisión preventiva oficiosa; y fortalecer los alcances del juicio de amparo en materia de reparaciones y suspensiones.
Para elaborarla, se integraron iniciativas surgidas del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, desarrollado en 14 sedes diferentes de todo el País entre el 21 de marzo y el 8 de julio de 2024.
También se revisó literatura especializada, fuentes estadísticas, así como informes nacionales e internacionales de derechos humanos; además de que se integraron planteamientos de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En el caso del documento elaborado por la Judicatura, se incluyen «propuestas surgidas de un proceso reflexivo y autocrítico» de juezas y jueces federales.
«Hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas, debemos escucharnos entre Poderes de la Unión.
«Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un País en paz», planteó Piña.
