Martín Aquino
Agencia Reforma
Ciudad de México 19 diciembre 2024.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) perfila dar carpetazo a las denuncias contra Carlos Alpízar Salazar, ex Secretario del Ministro en retiro Arturo Zaldívar, por chantajear y extorsionar a Jueces para dictar fallos en favor del Gobierno federal.
Los consejeros afines a la 4T, Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyvés y Sergio Molina votaron a favor del recurso presentado por el ex funcionario para cerrar su caso, mientras que la Ministra presidenta Norma Piña y los consejeros José Alfonso Montalvo y Lilia Mónica López Benítez se pronunciaron en contra.
El caso contra Alpízar se encontraba en una etapa preliminar, es decir, el CJF sólo indagaba y recopilaba elementos de señalamientos en su contra, pero no había dictaminado el inicio de un procedimiento administrativo.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del CJF inició el pasado 9 de abril la investigación J/108/2024 contra Alpízar y distintos colaboradores del ex Ministro Arturo Zaldívar, por conductas probablemente indebidas.
Ahora, el CJF declaró fundado el recurso de Alpízar para cerrar la investigación.
Según fuentes judiciales, no se conoce el alcance de la resolución, es decir, si implica cerrar el caso en definitiva y si beneficia a otros investigados o sólo a Alpízar, el único que presentó este recurso.
Los efectos se conocerán hasta que sea aprobado el engrose de la determinación, con los argumentos de los votos de cada consejero, lo cual se espera que ocurra hasta enero o febrero del próximo año.
Además de Alpízar, el anónimo con el que se inició la investigación también denunció supuestos actos indebidos de Netzaí Sandoval, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública, ahora coordinador de secretarios de la Ministra Lenia Batres, y a Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
En la coacción a juzgadores, según esa denuncia, usaron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral, y a la UGIRA y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, hoy Auditora Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.
«Se puso a las órdenes del ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos; es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias», dice la denuncia anónima.
El magistrado Alberto Roldán también aportó al CJF una serie de grabaciones de las conversaciones que tuvo con Alpízar y en las que éste se hizo acompañar del Magistrado Constancio Carrasco.
De los audios se desprende que el funcionario del CJF presionó a Roldán, entonces Juez, para que le otorgara un amparo a Frida Martínez Zamora, ex Secretaria General de la Policía Federal, quien en ese entonces era prófuga de la justicia por un presunto fraude por cerca de 2 mil 500 millones de pesos, asunto que años después sería cancelado.
Acusa a Ministra Norma PiñaEn su momento, Carlos Alpízar acusó incluso a la Ministra Norma Piña, titular de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura de filtrar información con el propósito de afectarlo.
«Desde la presidencia del CJF insisten con filtraciones y suposiciones dolosas, llenas de mentiras burdas que violan mis derechos humanos», aseguró Alpízar en una comunicación pública, ya como funcionario de la Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde, a finales del sexenio pasado.
En su versión de aquel entonces, negó haber actuado discrecionalmente en litigios en favor del Ejército desde su cargo de secretario de la Presidencia del CJF bajo la titularidad de Zaldívar.
Sin embargo, la Jueza Sandra Leticia Robledo Magaña declaró en el inicio de las investigaciones que sí fue objeto de esas presiones.
«No queremos que se vea perjudicada», le habría soltado Alpízar para que resolviera en favor del Ejército un amparo con el que un prestanombres de Javier Duarte disputaba la propiedad del rancho Las Mesas, ubicado en Valle de Bravo, Edomex.
Fue la Ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quien en una inusual decisión en el Poder Judicial, ordenó al Consejo de la Judicatura investigar a los principales operadores del ex titular Arturo Zaldívar, por presuntos actos de corrupción y hostigamiento a empleados, jueces y Magistrados.
Lo anterior con base en la denuncia anónima que contiene relatos de presiones a jueces para varias sentencias.
Por la cantidad de personajes y hechos denunciados, se trata de la investigación más amplia que ha sido abierta contra integrantes del Poder Judicial sobre posibles actos de corrupción, extorsiones y amenazas, entre otras ilegalidades.
La denuncia identifica con nombre y apellido a 70 Jueces y Magistrados presionados e intimidados por los emisarios de Zaldívar, así como también a los que aceptaron participar voluntariamente en las «corruptelas» y obedecieron sus instrucciones para dictar fallos en favor de la FGR y el Gobierno federal.
