- Por embrollos administrativos y acuerdos “de palabra” entre el Hospital Central y la herencia maldita, los médicos dejaron de recibir su compensación a la pensión que ya reciben del IMSS.
San Luis, SLP, 13 febrero 2025.- Dentro de la larga lista de problemas que la herencia maldita le dejó a las y los potosinos hay que agregar el de las “pensiones” que exigen 120 médicos jubilados que prestaron sus servicios en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto.
Desde su inauguración en 1947 y hasta finales de la década de los 80, el Hospital Central fue administrado por un Patronato, órgano de gobierno encargado de administrar los bienes y garantizar que los recursos se destinaran eficazmente al cumplimiento de las funciones del nosocomio.
En ese periodo ni el patronato del Hospital -que siempre operó como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud- ni los gobiernos estatales de entonces se preocuparon por otorgar los derechos que como trabajadores asistían a los médicos que ahí prestaban sus servicios.
Como no cotizaban en el Seguro Social –lo hicieron a partir de 1989-, al momento de su jubilación se hicieron acuerdos de palabra con la herencia maldita en el Gobierno del Estado para dar al personal médico una cantidad compensatoria a la pensión que reciben actualmente del IMSS porque el Hospital Central, como organismo desconcentrado del gobierno estatal, dio de alta a sus trabajadores ante el IMSS en 1989.
Ahora bien, el Hospital Central cubría esta compensación a su pensión con ingresos propios por atenciones médicas, cirugías, partos, etcétera, pero al crearse el INSABI en septiembre de 2018 la atención médica fue gratuita, por lo que dichas cuotas dejaron de cobrarse en el hospital y los médicos se quedaron sin dicha compensación.
El Gobernador Juan Manuel Carreras López no buscó una alternativa para contar con el recurso necesario para seguir cumpliendo con la compensación, heredándole el problema al actual Gobierno, el cual -para no dejar desamparados a los 102 médicos jubilados- está buscando, junto con la Federación, la manera de cumplir con el pago de 2 millones 300 mil pesos mensuales que en conjunto se requieren.
