Pedro Peñaloza
“La intolerancia, la estupidez y el fanatismo
pueden combatirse por separado,
pero cuando se juntan, no hay esperanza”
Albert Camus
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha enfrentado la violencia expansiva del país con reacciones improvisadas. Su insistencia en poner en práctica una política criminológica carente de una dimensión transdisciplinaria la exhibe cotidianamente. No obstante, el discurso de “atacar las causas”, la realidad es dura y sangrienta. Con altos costos humanos.
La respuesta del gobierno a cada estallido es la misma que en su momento dieron Calderón y Peña Nieto: movilizar más fuerzas militares y policiales. El ejemplo de la fallida práctica meramente reactiva es Sinaloa, que lejos de atacar las “causas” se multiplicó el desplazamiento de elementos castrenses con magros resultados.
Ahora es Michoacán, donde se han fortalecido los grupos que extorsionan a los productores del campo. Quien se opone a sus órdenes es asesinado, nadie está a salvo. El gobierno no tiene capacidad ni voluntad para proteger a las víctimas, mucho menos enfrentar a los grupos criminales. El asesinato del líder del sector limonero, Bernardo Bravo, muestra los circuitos del funcionamiento de un negocio que representa millonarios ingresos de un mercado paralelo con impuestos, como si fuera el Estado.
Los datos describen las dimensiones del problema que enfrentan los campesinos y productores de ganado, pollo, limón, aguacate, así como, abarroteros, gasolineras, tortillerías, panaderos y comerciantes de materiales de construcción. Este nuevo gobierno criminal se apropia de casi 4 mil millones de pesos al año únicamente de los productores de limones por derecho de piso (El Universal, 24/10/25, p.6).
La complejidad del fenómeno es tan redituable que el narcotráfico se ha unido para someter a los productores del campo y otros grupos. La alianza entre Viagras, CJNG y Blancos de Troya no cobra sólo derecho de piso, también llegó a las entrañas de la cadena de producción y del suministro (Reforma, 24/10/25, p.7).
Frente a esto, el gobierno reacciona con dos medidas tardías y cosméticas: visita del gabinete de seguridad a Michoacán y aprobación de una iniciativa constitucional en el Congreso de la Unión contra la extorsión. Recordemos que este delito se ha extendido por todo el país, siempre acompañado por fuerzas locales cooptadas por la criminalidad. ¿Dónde quedaron las propuestas para “atacar las causas”?
Las dos medidas de impacto publicitario significan la detención de más elementos “desechables” de la estructura criminal. Las ocurrencias gubernamentales seguirán omisas ante los dueños de regiones enteras, por complicidad o temor. Toda la parafernalia punitiva y discursiva no afecta al negocio criminal. Y eso lo saben en Palacio.
@pedro_penaloz