San Luis, SLP, 26 mayo 2025.- Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, junto a su mafia de Morena que disfraza como un partido político en San Luis Potosí, demostró que puede llegar a ser tan vil como se lo proponga, lo que se constató en la reciente visita de Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, a la capital potosina y al municipio de Villa Hidalgo, donde existió una serie de irregularidades logísticas que provocaron incomodidad, molestia e incluso humillaciones entre funcionarios públicos, representantes de medios de comunicación y asistentes al evento.
De acuerdo con múltiples testimonios recogidos durante y después del acto, alcaldes, diputados locales y federales, así como al menos un senador, fueron bloqueados en su intento por ingresar al recinto principal donde se llevó a cabo el evento.
Las decisiones operativas, así como supuestos “protocolos” estuvieron sometidas a instrucciones de último minuto —según fuentes internas— por la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez. Varios funcionarios denunciaron que tuvieron que esperar hasta una hora para recibir la aprobación directa de Rodríguez Velázquez para ingresar, mientras esta se encontraba cómodamente ubicada en las primeras filas del escenario principal.
La situación también afectó a representantes de la prensa. Reporteros, fotógrafos y directivos de medios fueron confinados a un “corral de prensa” del que no se les permitió salir ni siquiera para ir al baño. Algunas reporteras, ante la desesperación, se vieron obligadas a saltar las vallas de seguridad para evitar accidentes de salud. Los tratos fueron calificados como “inhumanos” por periodistas presentes, quienes denunciaron un comportamiento prepotente y desorganizado por parte de los encargados de seguridad.
Diversos actores políticos y sociales criticaron el manejo del acto, señalando que, a pesar de haber sido anunciado como un evento abierto al público, fue controlado de forma excluyente por estructuras partidistas de Morena. “El partido se adueñó de un evento que debía ser institucional y ciudadano”, comentó un funcionario estatal que solicitó el anonimato.
