Gelmin Omar González Hernández
Agencia Reforma
Ciudad de México, 9 agosto 2024.- Una añeja demanda de campesinos ha sido el pretexto para cerrar por más de tres días la carretera México-Puebla. La Constitución de la República y leyes que de ella emanan, que juraron cumplir los gobernantes, han sido letra muerta en este conflicto.
El artículo sexto constitucional precisa que la manifestación de ideas no será perseguida, salvo ataques a derechos de terceros, provocación de delitos o perturbación del orden público. Y el artículo noveno advierte que un acto de protesta no podrá ser ilegal o disuelto salvo hubiese violencia o amenazas para intimidar u obligar a la autoridad a resolver en el sentido que deseen los inconformes.
El fastidio a transportistas, comerciantes, ciudadanos, población enferma que, acude a atenderse durante los tres días, ha sido considerable.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que los transportistas suman pérdidas por 131 mil millones de pesos, y que hasta ayer había 10 mil toneladas de productos perecederos fuera de sus plazos de entrega, debido a los bloqueos.
«Se ha fracturado la cadena de suministro de partes automotrices, bienes de consumo y perecederos, transporte de personas, entre otros. Mientras pasen los días y las horas, las pérdidas crecen», cuestionó Miguel Ángel Martínez, presidente de la Canacar.
Automovilistas, transportistas y empresarios pidieron a las autoridades federales desbloquear las carreteras a Puebla y el Arco Norte y reclamaron la no aplicación de la ley que los faculta a intervenir en casos de interrupción al tránsito.
Desde el martes, ejidatarios de la localidad de Ignacio López Rayón, en Puebla, se plantaron en las carreteras libre y de cuota a Puebla, así como en el Arco Norte, en demanda de una indemnización por la construcción de vialidades hace más de 60 años.
Los afectados en las vías bloqueadas reprocharon que ninguna autoridad haya intervenido para hacer cumplir la legislación.
La Ley de Vías Generales de Comunicación, que fue reformada en 2021 para castigar la toma de vialidades y casetas, prevé de tres meses a siete años de prisión a quien interrumpa el tránsito vehicular y la operación del servicio de peaje.
Conductores que ayer se encontraban en uno de los puntos de bloqueo cuestionaron la falta de autoridad en el lugar.
«No nos dicen nada, no hacen nada, no hay Gobierno», reprochó el conductor de un camión que transportaba harinas.
El Fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, dijo hasta ayer, dos días después de iniciado el bloqueo, que se investiga a dos abogados que fueron acusados por daño patrimonial a los ejidatarios.
Anoche, el Gobierno de Puebla presumió haber logrado que los manifestantes dejaran libre un solo carril de la carretera México-Puebla. Lo demás seguirá cerrado.
Con información de Rolando Herrera, Saraí Cervantes e Iris Velázquez.
