Pedro Peñaloza

“La mayor tragedia es la indiferencia; la mayor locura, el conformismo”.

Albert Camus

La gira nacional realizada por la presidenta Sheinbaum para difundir su segundo informe de gobierno; que concluyó el pasado domingo en el Zócalo con un desfile de acarreados, fue un pretexto para hacer campaña electoral en todo el país.

Como es usual, gran parte de lo expresado, tanto en el informe escrito entregado al Congreso, como en las versiones para los mítines, fue simplemente un carrusel de cataplasmas verbales. Destaquemos un aspecto importante que evadió.

Nos referimos a las violencias que se viven en el país.  Por supuesto, para ella es fundamental tratar de endulzar la realidad nacional. La búsqueda de la legitimidad política es imprescindible a cualquier costo, aunque esto signifique desaparecer a las víctimas y la ruptura del tejido social. Recordemos que ha sido recurrente en las posturas de los gobiernos de la 4t vestirse de defensores de los derechos y ser supuestamente adalides contra la represión, lo cual palidece con sus políticas públicas.

Un poco de memoria ayudará a evidenciar al oficialismo. Veamos: el informe de Human Rights Watch, en su trigésima sexta edición (4/febrero/26), advirtió acerca de «los altos niveles de violencia que se viven en México» y subrayó las persistentes denuncias de tortura, a partir del reporte del Instituto Federal de Defensoría Pública, que sumó 3177 incidentes denunciados, que afectaron a 4100 víctimas entre 2019 y 2025.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe: Desapariciones de personas en México, calificó esta situación como una «crisis humanitaria» (12/ mayo/26). Dicho reporte evidenció la complicidad oficial: «la desaparición forzada en México persiste y es un fenómeno masivo, generalizado y perpetrado principalmente por el crimen organizado, con participación o convivencia de agentes estatales».

Un elemento central que define el carácter autoritario del gobierno morenista es el incumplimiento de los resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al mantener la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, máxime que México ratificó la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados desde 1975. En lugar de cumplir estas obligaciones internacionales, sigue inflando el artículo 19 de la Constitución. Por cierto, fue el gobierno de AMLO que le introdujo más delitos graves en el catálogo y, en consecuencia, impactó en la sobrepoblación penitenciaria, son espacios de corrupción y violencia sin límite.

De acuerdo con el Inegi, el número de presos sin sentencia aumentó 14%, llegando a 97,722. Este es el «humanismo mexicano» que se pregona desde Palacio y que se le «olvidó» mencionar a la presidenta en su triunfalista informe presidencial.