San Luis, SLP, 26 junio 2025.- Habitantes de la cabecera municipal de Tampamolón Corona manifestaron su inconformidad por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de conformación del comité ciudadano del programa federal La Clínica es Nuestra, en su segunda etapa.
De acuerdo con un documento dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al delegado estatal de Bienestar, Guillermo Morales López, los ciudadanos relatan que fueron convocados a una asamblea programada para las 10:00 horas en las oficinas de Bienestar ubicadas en la calle Nicasio Sánchez, con el objetivo de integrar el citado comité.
Sin embargo, denuncian que de manera abrupta y sin previo aviso, servidores de la nación cambiaron el lugar de la reunión a un salón de eventos privado, presuntamente propiedad del exalcalde y operador político de Morena, Isidro Mejía Gómez. El cambio generó molestias entre los asistentes, quienes consideran que dicha modificación fue arbitraria y con tintes políticos.
Una vez en el nuevo recinto, conocido como “Los Tamarindos”, se les informó que la asamblea sería suspendida debido a la supuesta falta de personas para integrar el comité. No obstante, los inconformes aseguran que en el lugar original se encontraban suficientes ciudadanos para llevar a cabo el procedimiento a los cuales no dejaron ingresar a la nueva sede.
Además, señalaron que la decisión fue tomada por Eulogio Mejía Gómez, excandidato de Morena a la presidencia municipal, lo que consideran una intromisión indebida en un proceso que debería ser ciudadano y apartidista.
Otro punto que genera inconformidad entre los habitantes es que el oficio de convocatoria fue enviado apenas el 25 de junio, un día antes de la asamblea, lo cual, aseguran, no se apega a los lineamientos del programa federal, ya que no se otorgó el tiempo suficiente para que todos los interesados pudieran participar.
Los habitantes acusan a los servidores de la Nación de violar las reglas de operación del programa, al no difundir adecuadamente la convocatoria, cambiar de sede sin aviso oportuno y condicionar la participación ciudadana. Solicitaron la intervención de la presidenta de la República y del delegado estatal de Bienestar para investigar y sancionar a los responsables.
“Rechazamos totalmente la actitud de los servidores de la Nación en nuestro municipio. No se respetaron nuestros derechos como ciudadanos y se privilegió la decisión de operadores políticos por encima del interés de la comunidad”, expresaron en el documento firmado por decenas de vecinos.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la delegación estatal de Bienestar.