Pedro Peñaloza
“La verdadera tragedia de los pueblos
no consiste en el grito autoritario de un gobierno,
sino en el silencio de la gente”.
Martin Luther King
Nadie quiere molestar al Tlatoani. Sus empleados, los diputados y senadores, aprobaron sin mayores cambios su golpe al Poder Judicial. Ahora la orden es aprobar la reforma constitucional que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque en la práctica ya lo hacía con total descaro.
Y esto es incuestionable. La iniciativa debe quedar lista antes de que concluya su mandato en septiembre. Sí, la última ofrenda a López Obrador.
La tiene que firmar para su promulgación el jefe máximo, no puede ser de otra manera, la estructura piramidal de la “4T” es autoritaria y despótica. Hay una sola voz, nada de críticas. Se ordena y la jauría obedece.
La reforma incluye cambios a 12 artículos constitucionales donde se establece que: tengan el manto del fuero militar para no ser juzgados por tribunales civiles; la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público; y, además, el ejército participará permanentemente en las labores de seguridad, con menos controles y mayor opacidad; asimismo, los mandos y jefes superiores serán ratificados por el Senado a iniciativa del presidente en turno, con el visto bueno del secretario de la Defensa. Los militares mandan.
Al aprobar tal iniciativa, el morenísimo ignora las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien planteó enfáticamente que la actuación de las fuerzas armadas debe ser excepcional, temporal y con vigilancia de organismos autónomos independientes. Las más de mil 779 quejas de violaciones a los derechos humanos que van hasta el cierre del sexenio ejemplifican lo que nos espera, sin olvidar los episodios de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Este paso es la culminación de un gobierno que, más allá de su discurso “humanista”, representa la negación al enfoque civil de la seguridad pública y con ello, de los procesos garantistas, protectores del debido proceso y de la presunción de inocencia.
El peligro acecha, ya que junto a la reforma al poder judicial, se pone en marcha una nueva arquitectura autoritaria que busca perpetuar en el poder a una nueva casta política. Con esta formalización del militarismo se cierra la pinza para garantizar el control de los procesos de persecución y judicialización.
La ex activista estudiantil que asumirá la presidencia el primero de octubre estará prisionera de los ritmos y dictados de las fuerzas castrenses y no podrá hacer nada y su secretario estrella, Harfuch, será un simple auxiliar de la ola verde olivo.
@pedro_penaloz
