De manera irregular y bajo argumentos cuestionables, el alcalde viajero de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, ha emprendido una campaña de clausuras contra negocios establecidos de la capital, particularmente restaurantes y bares, donde circula mayor derrama económica. Los afectados denuncian que estas acciones se han convertido en un mecanismo de presión y presunta extorsión, con multas excesivas y requerimientos de licencias adicionales que han incrementado desde inicios de 2025.
La versión de los empresarios coincide con la propaganda que difunde el propio Ayuntamiento en redes sociales, donde presume clausuras a centros nocturnos como si se tratara de un logro administrativo. Sin embargo, detrás de esos operativos se exhibe un modus operandi marcado por la prepotencia: inspectores de Comercio Municipal ingresan con violencia verbal, intimidan a trabajadores y hasta incomodan a clientes que nada tienen que ver con dicho proceso.
El trasfondo, denuncian los afectados, es la evidente contradicción del gobierno de Galindo. Mientras se ensaña con quienes generan empleos formales y pagan impuestos, permite y solapa la expansión del ambulantaje en el Centro Histórico, un fenómeno que invade banquetas, entorpece la movilidad peatonal y degrada la imagen turística de la ciudad. Los comerciantes establecidos aseguran que los informales operan bajo la protección del alcalde y sin sufrir las mismas exigencias de permisos y licencias.
La arbitrariedad de Galindo no es nueva. Basta recordar el escándalo que trascendió a nivel nacional cuando ordenó clausurar sucursales de Domino’s Pizza luego de que la cadena se burlara de los baches de la ciudad.