San Luis, SLP, 21 octubre 2025.- Ante las persistentes denuncias por casos de acoso y abuso sexual al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudiantes llevaron a cabo una protesta masiva que paralizó el tráfico en la capital potosina y actividades en varias escuelas.
El movimiento fue deslegitimado por las autoridades universitarias al atribuirlo a la influencia de «grupos externos». La movilización, que incluyó el bloqueo de cruces viales principales, surgió como respuesta a un presunto caso de abuso sexual contra una alumna dentro de la Facultad de Derecho, hecho que detonó una indignación generalizada por la violencia de género sistemática en la institución.
Frente a estas protestas, la «estrategia» de la dirección de Comunicación Social de la UASLP para desvirtuar las movilizaciones atribuyéndolas a «grupos externos» se enmarca en un patrón histórico utilizado para deslegitimar demandas sociales genuinas.
Esta táctica busca desviar la atención de las quejas fundamentales y presentar a los movimientos como orquestados por elementos oportunistas, en lugar de reconocer y atender sus causas raíz. Pese a esta narrativa deslegitimadora, la propia universidad ha reconocido de manera limitada el problema al informar sobre el cese de tres docentes por conductas de acoso y hostigamiento sexual durante el último año.
La protesta actual conecta con una larga tradición de luchas estudiantiles en la UASLP, que a lo largo de su historia ha sido un termómetro de los cambios sociales. Lo que comenzó en la Facultad de Derecho se extendió rápidamente a otras facultades, convirtiendo el paro en un gesto simbólico de rechazo a una estructura de violencia que habita las aulas. Los estudiantes, al recordar casos emblemáticos de injusticia, enlazaron el pasado y el presente, demostrando que los movimientos estudiantiles no sólo reclaman justicia histórica, sino que también defienden el derecho de las nuevas generaciones a una educación pública digna y segura.
La confrontación entre las demandas estudiantiles de un entorno libre de violencia y la respuesta institucional que intenta minimizar las protestas continúa desarrollándose, reflejando una profunda fractura que requiere más que comunicados o medidas aisladas para ser resuelta. Las manifestantes exigen justicia, la destitución de los responsables y la implementación de protocolos reales contra la violencia de género, señalando que existen docentes con denuncias formales que continúan impartiendo clases.