• Mientras jueces federales ordenan liberar recursos del Faispam, la Secretaría del Bienestar y el INPI mantienen congelados más de 56 millones de pesos a comunidades tének y náhuatl.
San Luis Potosí 2 enero de 2026.- La Secretaría del Bienestar cierra el año incurriendo en desacato judicial, al mantener retenidos más de 56 millones de pesos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, pese a las suspensiones definitivas concedidas por juzgados federales a comunidades tének y náhuatl. Los recursos permanecen congelados en las cuentas de 13 comunidades, afectando directamente a 34 mil 991 personas indígenas.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, acusó que mientras la cúpula de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas cierra el año entre jugosos bonos y aguinaldos, las comunidades enfrentan el abandono presupuestal. Señaló directamente a Ariadna Montiel Reyes, titular de Bienestar, Adelfo Regino Montes, director general del INPI, Guillermo Morales López y Mario Alberto Godoy Ramos, con representación de ambas dependencias en San Luis Potosí, como responsables de sostener una política que ignora resoluciones judiciales firmes.
De acuerdo con el activista, la dependencia federal mantiene congeladas las cuentas del Banco del Bienestar, reteniendo ilegalmente 56 millones 228 mil 910 pesos del Faispam, en lo que calificó como un acto autoritario e ilegal. Afirmó que esta medida constituye una forma de castigo institucional contra quienes recurrieron a la vía legal, criminalizando la defensa de derechos y sustituyendo el cumplimiento de la ley por una estrategia de presión administrativa y asedio.
Cisneros recordó que los Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito, con sede en Ciudad Valles, otorgaron suspensiones definitivas para frenar el recorte presupuestal considerado arbitrario. Sin embargo, acusó que Bienestar ha optado por el desacato, además de desplegar, junto con el INPI, una campaña de desinformación y hostigamiento, que incluye contenidos difundidos desde la radiodifusora XEANT “La Voz de las Huastecas” y la actuación directa de los Servidores de la Nación.
Según la denuncia, estos funcionarios operan como brazos de presión en municipios como Tanlajás, Tancanhuitz, San Antonio y Aquismón, condicionando la entrega de recursos al desistimiento de los amparos. El pasado 18 de diciembre se celebró la audiencia constitucional, quedando pendiente únicamente la sentencia definitiva, por lo que las comunidades exigen su emisión inmediata, la ejecución forzosa de las suspensiones, sanciones a los funcionarios responsables y el reconocimiento de que los presupuestos indígenas son irreductibles y no pueden recortarse sin consulta previa.