Cortesía Europa Press

Agencia Reforma

Madrid, España 17 Jun 2024.-La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha visitado este domingo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una macrocárcel para pandilleros con capacidad para hasta 40.000 reclusos construida hace poco más de un año por orden del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el marco de la lucha contra estos grupos.

 

«El Salvador era el país más violento. Se convirtió en un país donde las familias pueden caminar, viven en paz y en tranquilidad. Todo gracias a un programa de destrucción de las maras asesinas, que hoy están acá encerradas», ha sostenido desde el interior de CECOT, a donde ha acudido acompañada por su homólogo salvadoreño, Gustavo Villatoro.

 

Bullrich ha sostenido que la estrategia de ser «duros contra los cirminales» es «el camino» para la «libertad para los argentinos de bien», tal y como ha agregado a través de una publicación en su perfil de la red social X.

 

Villatoro ha dado la «bienvenida» a su par argentina «al país más seguro de América Latina», iniciando su «recorrido visitando el CECOT»: «Es un verdadero placer recibirla, estoy seguro de que esta visita será enriquecedora. Usted y su equipo van a poder conocer de primera mano el ‘Modelo Bukele'», ha aseverado.

 

Poco antes de esta visita, Bullrich se ha reunido con el director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública, César Flores Murillo, quien le explicó de forma «completa y detallada» la administración de la Policía y «sus importantes resultados».

 

El dirigente salvadoreño decretó hace más de dos años un régimen de excepción que suspende algunos derechos constitucionales y ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos, pero el Gobierno la defiende como una herramienta necesaria para combatir la violencia de las pandillas.

 

Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías con el objetivo facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.

 

 

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