Monterrey, NL. 10 junio 2026.- En pleno arranque del Mes del Orgullo, organizaciones de la diversidad sexual en Nuevo León denunciaron una ola de censura, hostigamiento y violencia institucional ejercida por autoridades municipales y legislativas durante la última semana, lo que detonó ya las primeras denuncias formales ante organismos de derechos humanos.
El primer incidente escaló en el municipio de Guadalupe, donde el colectivo Ars Queer acusó un intento de censura gubernamental en las instalaciones del Teatro Sara García. De acuerdo con el activista Roberto Santana, funcionarios municipales condicionaron la permanencia de la exposición fotográfica Identidad en el juego bajo el argumento de que las imágenes que retrataban besos y abrazos resultaban inapropiadas, aludiendo a lineamientos internos que nunca fueron exhibidos. Aunque la intervención de la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Nuevo León (Copred NL) garantizó la apertura de la muestra completa, el colectivo y activistas como Mario Rodríguez Platas, Rubén Maza y Abel Quiroga señalaron que el personal del teatro recurrió a agresiones verbales y colocó mobiliario para bloquear deliberadamente la visibilidad de las obras tras el corte de listón.
De forma simultánea, la organización Rainbow Alliance reportó un bloqueo violento en la sede del Congreso del Estado, donde se tenía programada la realización del Parlamento LGBT+, un ejercicio de participación ciudadana para simular el trabajo legislativo. El presidente de la asociación, Fran Abundis, denunció que elementos de seguridad y funcionarios del Poder Legislativo impidieron el acceso a los asistentes mediante el uso de la fuerza física y actos de intimidación, cancelando el evento de manera unilateral y sin emitir justificación oficial.
Abundis calificó el hecho como un grave retroceso democrático que contradice los principios de no discriminación inscritos en el propio recinto legislativo, confirmando el inicio de un proceso legal en contra del Congreso. Hasta el momento, las agrupaciones afectadas mantienen la exigencia de una disculpa pública y la restitución de los espacios institucionales para sus actividades, sin que las autoridades de Guadalupe o del Poder Legislativo hayan emitido una postura oficial respecto a los señalamientos de abuso de poder.
¿Deseas orientar el enfoque de este texto hacia la cobertura de las denuncias legales ante la Copred NL o prefieres mantener la narrativa concentrada en el impacto político dentro del Congreso?