- Tiene como objetivo primordial incrementar la oferta de infraestructura vial en la región, lo que permitirá una mayor movilidad de personas, bienes y servicios
San Luis, SLP, 30 agosto 2024.- El Congreso del Estado aprobó el Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Junta Estatal de Caminos del Estado de San Luis Potosí, lleve a cabo el proceso de licitación pública nacional para el desarrollo e implementación del proyecto, diseño, construcción, operación, conservación, mantenimiento y explotación de la Autopista Entronque 75D-Matehuala, tipo A4, con una longitud de 118.4 km en el Estado de San Luis Potosí.
La propuesta fue presentada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, que tiene como objetivo primordial incrementar la oferta de infraestructura vial en la región, lo que permitirá una mayor movilidad de personas, bienes y servicios, mejorando los tiempos de traslado, y fomentando el impulso y desarrollo económico de la región.
Se indica que el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, considera que un esquema óptimo para la ejecución del citado proyecto, a través de la participación de la iniciativa privada, por medio del otorgamiento de una concesión con base en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, siendo factible su otorgamiento hasta por un plazo de 40 años a quien resultase ganador de la licitación pública nacional que al efecto se celebre.
Por ello, en el Decreto respectivo, se indica que el Poder Legislativo del Estado, considera viable y autoriza que el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, lleve a cabo el proceso de licitación pública nacional para el desarrollo e implementación del proyecto consistente en el diseño, construcción, operación, conservación, mantenimiento y explotación de la Autopista Entronque 75D-Matehuala, tipo A4, con una longitud de 118.4 km en el Estado de San Luis Potosí.
El proceso de licitación pública nacional, deberá garantizar que la adjudicación del proyecto se lleve a cabo mediante convocatoria abierta para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a monto de inversión privada, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
