Abel Barajas
Agencia Reforma
Ciudad de México 11 noviembre 2025.- Después de interrogar a los cinco testigos ofrecidos por su defensa, una Jueza federal acordó aplazar para el próximo miércoles 19 de noviembre a las 9:45 de la mañana la audiencia en la que finalmente determinará si concede o no la libertad anticipada a Javier Duarte, al cumplir el 95 por ciento de su pena de 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
La diligencia para resolver si le otorgan el beneficio originalmente fue agendado para el miércoles 12 de noviembre a la 9:15 horas, sin embargo, debido a que los funcionarios del Reclusorio Norte que fueron requeridos como testigos tenían ese día reunión de Consejo Técnico, las comparecencias fueron adelantadas para este martes a las 10:30 horas.
Angela Zamorano Herrera, Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, emitirá su veredicto con base en los interrogatorios de un total de 11 testigos ofrecidos por las partes y 23 documentales.
Este martes fueron interrogados los 5 ofrecidos por los abogados de Duarte, quienes validaron un total de 6 documentos. El próximo martes se lean examinados los 6 testigos ofrecidos por la FGR y 17 oficios y resoluciones.
La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la libertad anticipada para los sentenciados que han cumplido con cuando menos el 70 por ciento de su condena en el caso de delitos dolosos, haber tenido buena conducta, cumplir con el plan de actividades de reinserción de los internos y no contar con otra sentencia o proceso con prisión preventiva de oficio.
Duarte lleva 3 mil 133 días preso en el Reclusorio Norte, de los 3 mil 285 de su castigo, es decir, ya compurgó el 95 por ciento de la condena.
En una audiencia presidida este martes por Angela Zamorano Herrera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, desfilaron los 5 testigos con los que la defensa pretende demostrar que su cliente ha cumplidos con todos los requisitos legales, incluso en exceso.
Los 5 testigos que este martes fueron interrogados son Leticia Garnica González, directora jurídica; Francisco Javier Morales Salud, subdirector de Apoyo Técnico; Osvaldo González Rojas, subdirector de Seguridad; y Daniel de Nazareth Espinoza Espinoza, Subdirector de Cistoria y Seguridad, todos ellos del Reclusorio Norte.
También, Diego Quiroz Rodríguez, director General de Control Jurídico de Sentenciados del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Soxciql de la SSPC Federal.
Cuatro de los cinco funcionarios corroboraron haber suscrito documentos favorables al ex gobernador de Veracruz.
A Duarte le restan sólo 5 meses para cumplir su condena de 9 años de prisión, misma que le impusieron tras negociar un criterio de oportunidad con la FGR, es decir, se declaró culpable para obtener a cambio la pena mínima y un descuento adicional a la misma.
La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la libertad anticipada para los sentenciados que han cumplido con cuando menos el 70 por ciento de su condena en el caso de delitos dolosos, haber tenido buena conducta y no tener otra sentencia o proceso con prisión preventiva de oficio.
Los abogados del ex mandatario han manifestado que su cliente tenía cumplidos todos los requisitos, incluso en exceso, pues ya compurgó el 95.04 por ciento de la condena. También dijeron que las autoridades penitenciarias han certificado su buena conducta, ya que ha cumplido con el plan de actividades de los internos para su reinserción, ha tomado cursos e impartido clases en el centro penitenciario.
Además ha logrado cancelar o sobreseer los otros 4 procesos que le iniciaron, tres del fuero común y uno federal.
A nivel local, Duarte logró que su proceso por el delito de peculado fuera anulado el 13 de abril de 2023; en el iniciado por desaparición forzada, le dictaron la no vinculación a proceso el 14 de noviembre de 2024; y la causa penal por incumplimiento del deber legal, fue anulada el 23 de abril de 2025 porque el delito ya estaba prescrito.
En el fuero federal tenía una orden de aprehensión pendiente por delito electoral, pero nunca le fue ejecutada porque el Gobierno de Guatemala no lo autorizó. En la audiencia del lunes, la juez informó que este mandamiento de captura quedó sin efecto desde el 30 de septiembre de 2021, porque también se declaró prescrito el ilícito.
Es decir, ya no tiene ningún proceso pendiente y sólo está preso para compurgar su condena.
Foto @arturoangel20