Durante todo el infame sexenio de Cuitláhuac García, fue público, notorio, descarado y por demás cínico cómo se utilizó a la burocracia estatal para hacer proselitismo en favor de Morena y de sus candidatos a todos los cargos que se disputaron en ese tiempo.
A través de organismos políticos sostenidos con recursos públicos, como el multicitado “Unidos Todos” del primo incómodo y ex subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, o “Generando Bienestar” del ex secretario de Turismo y aspirante (dice él) a alcalde de Xalapa Iván Martínez Olvera, se desvió dinero del erario para financiar acarreos, para llenar plazas y zócalos, y hasta para votar en los procesos internos de Morena y hacer que “ganaran”, a la de a fuerza, los perfiles afines al grupo enquistado en el gobierno veracruzano los últimos seis años.
Otra de las “labores” que los burócratas –especialmente los de confianza- tenían que realizar “voluntariamente” –so pena de perder sus empleos-, era “brigadear” en las colonias populares de los municipios de todo el estado, repartir volantes y pasquines con propaganda de Morena y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y asistir a cuanta convocatoria se les llamara para hacer bulto y “celebrar” con sus jefes las “victorias” pírricas del régimen de la supuesta “transformación de la vida pública del país” y de la dizque “revolución de las consciencias”. A la de a huevo.
Por supuesto, parte fundamental de su “encargo” el último año fue promover a Rocío Nahle y a varios otros candidatos de Morena en la pasada elección, en la que además tuvieron que demostrar, fotografía de por medio, por quién habían emitido su sufragio, lo cual hasta la fecha –las hordas de orcos guindas en el Congreso de la Unión todavía no han quitado eso de la ley- está tipificado como el delito de coacción del voto.
Todo lo anterior, junto con el condicionamiento de los programas sociales clientelares del gobierno –lo que también sigue siendo un delito, hasta donde se sabe- para que el nuevo partido oficial ganara sí o sí los últimos comicios, en un operativo de elección de Estado grotesco, vulgar, como no se veía desde hace tres décadas. Y en el cual el rol de la burocracia fue clave.
Pues bien. Lo lograron. Rocío Nahle “ganó” las elecciones –“haiga sido como haiga sido”, diría un clásico- y asumió la gubernatura el pasado domingo 1 de diciembre, repitiendo, entre otras frases propagandísticas, que en Veracruz “nos va a ir muy bien”. Solo que no aclaró a quién es a quien le va a ir bien. Porque a los empleados del gobierno estatal ya los empezaron a correr.
Este martes comenzaron a circular quejas y denuncias de despidos arbitrarios en las secretarias de Salud, Educación, Finanzas, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo, así como en organismos como las comisiones de Búsqueda de Personas y de Atención a Víctimas, por mencionar algunas dependencias en las que se hizo visible esta situación.
“Nos corren porque ya no nos necesitan, solo nos necesitaron cuando había que ir a los mítines de Morena, ahí nos obligaban a ir porque nos decían que cuidáramos nuestro trabajo. Y nada más ganaron y nos mandan a la chingada”, se quejó un empleado al que le tocará una amarga navidad.
Muchos de los afectados son trabajadores que estuvieron por contrato todo el sexenio, sin generar antigüedad ni derecho alguno, y que no solo no podrán aspirar a recibir aguinaldo. Ni finiquito les va a tocar. Menos, una liquidación conforme a la ley.
Los burócratas del gobierno de Veracruz fueron tratados como carne de cañón electoral, pisoteando sus derechos, obligándolos a violar la ley para que una nueva oligarquía corrupta se eternice en el poder. En “agradecimiento” y como “regalo navideño”, reciben una patada en el trasero y los dejan al garete en fin de año, con la crueldad y valemadrismo que caracteriza a los déspotas desilustrados del régimen morenista.
He ahí la verdadera dimensión de la frase “amor con amor se paga” con la que los engatusaron.
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