San Luis, SLP, 3 octubre 2026.- El Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Federación pusieron en marcha una estrategia conjunta para revisar expedientes penitenciarios y ampliar la representación legal de personas privadas de su libertad. La medida busca acelerar beneficios de ley, como la preliberación, priorizando a reclusos indígenas, adultos mayores y a quienes carecen de recursos económicos para costear una defensa privada.
El plan contempla la intervención en los centros de reinserción social distribuidos en las cuatro regiones de la entidad (Centro, Altiplano, Media y Huasteca). Para ello, la Defensoría Pública del Estado, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y el Instituto Federal de Defensoría Pública trazaron un esquema de trabajo técnico que evaluará cada caso de manera individualizada.
Edgar Valdez Zavala, titular de la Defensoría Pública estatal, detalló que la intervención se ejecutará a través de brigadas directas al interior de los penales. «El objetivo es garantizar acompañamiento jurídico integral y dar orientación certera a quienes están desprotegidos financieramente para pagar un abogado particular», puntualizó. Las jornadas contemplan desde el análisis de sentencias hasta el trámite formal de solicitudes de preliberación y otros recursos legales no ejercidos.
Por su parte, la titular de Prevención y Reinserción Social, Carmen Villa Galarza, y la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, Norma Angélica Zárate Santos, formalizaron los mecanismos institucionales para homologar criterios de atención y agilizar el desahogo de solicitudes detenidas o rezagadas.
Con este frente común, las autoridades locales y federales buscan descongestionar los penales potosinos y garantizar derechos fundamentales en sectores históricamente desfavorecidos dentro del sistema penitenciario.