San Luis, SLP, 27 febrero 2026.- A pocos días de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí decidió blindar su edificio central para evitar posibles daños durante las marchas de colectivos feministas. La instrucción, atribuida a la Rectoría que encabeza Alejandro Zermeño Guerra, ha generado cuestionamientos dentro y fuera de la comunidad universitaria.
La medida preventiva, enfocada en proteger puertas y ventanas del histórico inmueble en el Centro de la capital potosina, contrasta con los reclamos que en los últimos meses han hecho estudiantes y egresadas por casos de presunto acoso, hostigamiento y agresiones sexuales al interior de distintas facultades.
Diversas denuncias públicas señalan que varios de estos casos no han derivado en sanciones ejemplares. En otros, se acusa lentitud en los procesos internos, opacidad en las investigaciones y, en algunos episodios, protección institucional hacia docentes o alumnos señalados. Colectivas universitarias han insistido en que la Defensoría de Derechos Universitarios ha sido insuficiente para garantizar justicia y reparación del daño.
El blindaje físico del edificio central ocurre en un contexto de desconfianza. Para activistas, el mensaje que envía la administración universitaria es claro: prioridad a la infraestructura, no a las víctimas. “Se protegen los vidrios, pero no a las estudiantes”, han expresado en redes sociales integrantes de colectivas feministas.
La Rectoría no ha informado públicamente sobre un reforzamiento paralelo de protocolos, actualización de reglamentos o medidas extraordinarias para atender la violencia de género en la institución de cara al 8M. Tampoco se ha dado a conocer un balance detallado de cuántas denuncias se han presentado en el último año, cuántas han sido resueltas y qué sanciones se han aplicado.
Mientras en el país las universidades enfrentan una creciente exigencia de espacios seguros para las mujeres, en San Luis Potosí el debate vuelve a centrarse en la reacción institucional frente a la protesta, más que en la raíz del problema.
A una semana del 8M, la comunidad universitaria se pregunta si la prioridad debe ser cubrir fachadas o transparentar expedientes, revisar protocolos y garantizar que ninguna agresión quede impune.