Chilpancingo, Gro. 25 febrero 2026.- El caso de Saraí Vázquez Romero ha fracturado la narrativa oficial de seguridad de género en Chilpancingo. En una desgarradora conferencia de prensa, la mujer expuso las costuras rotas de una Fiscalía General del Estado (FGE) que, según su testimonio, ha sido «espectadora pasiva» de un calvario que inició en 2022. La denuncia no es solo por los golpes físicos, sino por una violencia vicaria que ha culminado en la sustracción de sus hijos. «Las leyes existen en el papel, pero en las oficinas de la Fiscalía, mi expediente es solo un número que acumula polvo», declaró Vázquez, rodeada de activistas que portaban pancartas con la consigna «Justicia para Saraí».
Este incidente pone a prueba el compromiso de la administración estatal, que ha promovido a Guerrero como un «santuario» para las mujeres. Sin embargo, la realidad en las agencias del Ministerio Público cuenta una historia distinta: burocracia, falta de perspectiva de género y una alarmante lentitud en la ejecución de órdenes de protección. El agresor, a pesar de las denuncias, se desplaza con impunidad, lo que refleja una falla sistémica en la protección a víctimas de alto riesgo. Colectivos feministas han advertido que, de no haber una respuesta inmediata, escalarán las protestas en la capital, exigiendo una depuración de los funcionarios que han ignorado las señales de alerta en este y otros casos similares.