En San Luis Potosí, la vejez enfrenta una amenaza silenciosa: la explotación. Ante el aumento de denuncias por mendicidad forzada y abandono, la diputada Diana Ruelas Gaitán presentó un exhorto urgente para que el DIF Estatal y los 59 municipios de la entidad refuercen la vigilancia y protección de este sector, que ya suma más de 360 mil personas en el estado.
La iniciativa no solo busca sensibilizar a la población, sino que impone un plazo fatal de cinco meses para que los ayuntamientos entreguen informes detallados sobre sus resultados. No bastará con buenas intenciones; los municipios deberán presentar estadísticas reales sobre casos detectados, denuncias canalizadas y programas de rescate implementados.
«La vejez debe vivirse sin miedo y sin explotación», señaló Ruelas Gaitán, quien advirtió que prácticas como la apropiación de pensiones, el aislamiento injustificado y la negligencia médica son formas de abuso que suelen pasar desapercibidas. Con una población de adultos mayores que proyecta alcanzar los 395 mil ciudadanos este año, la legisladora enfatizó que la falta de coordinación institucional solo favorece a los agresores. El objetivo es claro: detectar a tiempo los casos de explotación económica antes de que deriven en tragedias, garantizando que el 12.8% de la población potosina viva con dignidad.