- La denuncia pública de una gestora revela un caso de violencia, abuso de poder y encubrimiento dentro del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
San Luis, SLP, 17 diciembre 2025.- El Ayuntamiento de San Luis Potosí vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que la ciudadana María Sinaí Lugo Rodríguez, gestora dedicada a trámites constructivos y administrativos, acusó haber sido agredida física y verbalmente por la inspectora de Desarrollo Urbano, Mirna Eloísa Mata Valtierra, el pasado 21 de octubre, sin que existiera conflicto previo ni razón aparente.
Según su testimonio, la agresión ocurrió al salir de oficinas municipales, cuando la funcionaria comenzó a insultarla tanto a ella como a sus hijos, a quienes se refirió como “bastardos”, además de lanzarle calificativos despectivos. La situación escaló cuando, al intentar defenderse, María Sinaí fue empujada y tirada al piso, mientras recibía amenazas, todo frente a sus menores.
La víctima relató que, lejos de mostrar arrepentimiento, la inspectora aseguró estar protegida por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, su jefe directo Enrique Correa y la directora de Catastro, Ángeles Rodríguez. Desde entonces, aseguró vivir con miedo, pues en encuentros posteriores la agresora le lanzó expresiones retadoras, reforzando la idea de que no enfrentaría consecuencia alguna.
A la agresión se sumaron presuntas represalias laborales. María Sinaí denunció la cancelación de citas, trámites detenidos y acuerdos incumplidos, lo que ha puesto en riesgo su fuente de ingreso. Incluso, en una reunión posterior, el propio Enrique Correa minimizó el hecho al calificarlo como un “desmadrito” provocado por la víctima y, según relató, confirmó que los bloqueos provenían por instrucción directa del alcalde.
Pese a haber presentado una queja ante la Contraloría Interna Municipal el 25 de noviembre, la denunciante asegura no haber recibido respuesta ni acercamiento institucional. A ello se suma la exigencia de borrar un video del incidente bajo el argumento de que se trataba de un “pleito de vecinas”, lo que, sostiene, evidencia un intento más de encubrimiento y deja en entredicho el compromiso municipal con la protección de los ciudadanos.
