Agencia Reforma
Guadalajara, Jalisco 14 diciembre 2025.- Beatriz Uscanga, madre buscadora que se trasladó a Jalisco para intentar localizar a su hijo Sebastián, tuvo que volver a su natal Veracruz tras ser golpeada y amenazada de muerte; a pesar de que las autoridades locales le aseguraron que las medidas de protección con las que contaba aquí serían trasladadas a su residencia, a dos semanas de su regreso esto no ha ocurrido.
Sebastián Menéndez Hernández desapareció el 4 de septiembre de 2025, tras viajar a Guadalajara para responder a una supuesta oferta de empleo en la Nueva Central Camionera.
Desde entonces, Beatriz viajó a Jalisco y durante tres meses estuvo de búsqueda. A causa de la difusión que logró darle al caso de su hijo, empezó a recibir amenazas.
La violencia en los mensajes escaló, hasta que el pasado 16 de noviembre fue interceptada por un grupo de hombres cuando regresaba de misa.
Beatriz fue golpeada y le advirtieron de manera explícita que abandonara el Estado o enfrentaría represalias.
«Esta es la última advertencia; si no te vas de Jalisco, atente a las consecuencias», le dijeron mientras la pateaban en el suelo.
Ese día, la madre logró ponerse a salvo al accionar el botón de pánico con el que contaba, como parte de las medidas de protección que tenía vigentes.
Tras la agresión, las autoridades le recomendaron salir de la Entidad. Beatriz regresó a Veracruz, con la promesa de que dichas medidas serían replicadas allá, sin embargo, hasta el momento no cuenta con ningún mecanismo de protección activo.
A inicios de esta semana, personal de la Fiscalía de Jalisco se comunicó con ella para informarle que debía acudir a las oficinas de su Fiscalía en Cosamaloapan, donde supuestamente ya se había enviado la solicitud correspondiente.
Ella acudió a la oficina, pero le informaron que no existía ningún trámite a su nombre. La madre relató que la funcionaria que la atendió, quien se identificó únicamente como Elena, se mostró indiferente, pues solo le dijo que no tenía conocimiento de ninguna solicitud y le sugirió retirarse y regresar después, «a ver si ya sabía algo».
Beatriz asegura que es la misma mujer que la atendió la primera vez que se presentó en esa oficina, cuando se enteró de la desaparición de Sebastián, y que la funcionaria actuó de mala gana, al mismo tiempo que veía su teléfono.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó públicamente la agresión física y las amenazas que recibió la madre de Sebastián y advirtió que el caso se inscribe en un contexto de creciente hostilidad hacia activistas y colectivos de búsqueda.
En un pronunciamiento público, la organización exigió protección inmediata e integral, una investigación con perspectiva de género y garantías de no repetición.
De acuerdo con la agrupación, el caso de Beatriz evidencia la ausencia de condiciones de seguridad y los graves riesgos que enfrentan las personas que ejercen su legítimo derecho a buscar a sus familiares desaparecidos.