–Consejeros Tének y Náhuatl acusan a la Secretaría de Bienestar y al INPI de retener más de 56 millones de pesos, dejando en el abandono a más de 34 mil personas en seis municipios de la región.
En la Huasteca Potosina estalló un conflicto que llevaba meses gestándose. Comunidades Tének y Náhuatl denunciaron que la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas han bloqueado el acceso a recursos federales destinados a infraestructura social, pese a existir suspensiones judiciales que ordenan lo contrario. De acuerdo con los consejeros indígenas, los delegados Guillermo Morales López y Mario Alberto Godoy Ramos retienen los fondos como represalia contra quienes recurrieron al amparo para evitar recortes a Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afro mexicanos.
La denuncia detalla que más de 38.9 millones de pesos autorizados por la Presidencia de México para 13 comunidades permanecen congelados sin explicación legal, afectando obras esenciales de agua, salud y movilidad. El caso más crítico es el de Tamapatz, en Aquismón, donde ni siquiera se entregó la tarjeta para disponer de los recursos, elevando el monto retenido a más de 56 millones y el número de afectados a casi 35 mil personas.
Los representantes indígenas también señalan a la jueza del Juzgado Séptimo de Distrito, María Lucrecia Martínez Galván, de permitir que el desacato continúe. Aseguran que ha ignorado nuevas solicitudes para exigir el cumplimiento de las suspensiones, pese a los apercibimientos emitidos desde julio, lo que consideran una forma adicional de hostigamiento institucional.
Ante este panorama, las comunidades solicitan la intervención urgente de las autoridades para liberar los recursos y sancionar a los funcionarios involucrados. Advierten que cualquier acción que deban emprender para defender sus derechos será responsabilidad directa de los servidores públicos señalados.