- La Suprema Corte le cerró la última puerta a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El Instituto de Fiscalización seguirá adelante con auditorías por tres ejercicios y más de mil 800 millones de pesos en observaciones.
San Luis, SLP, 27 octubre 2025.- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí perdió su última batalla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello se quedó sin argumentos para evitar la fiscalización de sus cuentas. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado confirmó que revisará los ejercicios 2022, 2023 y 2024, con observaciones acumuladas que alcanzan los mil 800 millones de pesos. Su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que la negativa universitaria no detendrá el proceso y que las auditorías ya están en curso.
Desde 2022 la institución se ha negado a entregar información, amparándose en distintos pretextos y recursos legales que terminaron desechados por improcedentes. El resultado ha sido el mismo año con año, resistencia sin sustento jurídico y un creciente número de observaciones. Por ello, el Instituto ya tiene casi integrado el expediente del primer ejercicio y avanza en los dos restantes.
Lecourtois aclaró que las sanciones no recaerán sobre la Universidad sino sobre los funcionarios que decidieron ignorar la ley. Cada uno deberá responder con su patrimonio por las omisiones en la rendición de cuentas. Los expedientes serán enviados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que podría imponer sanciones graves e incluso inhabilitaciones.
La Suprema Corte determinó que la UASLP es un organismo público descentralizado y no un ente constitucional autónomo, por lo que debe rendir cuentas del dinero que recibe del Estado y la Federación. El auditor sostuvo que los recursos son de los potosinos y no de las autoridades universitarias. Pese a la aferración, el Instituto de Fiscalización mantiene abierta la puerta al diálogo, aunque con una advertencia clara, de que la transparencia no se discute y la necedad puede salir muy cara.