Abel Barajas
Agencia Reforma
Ciudad de México 23 octubre 2025.- Poco antes de asumir el cargo de magistrado por elección popular, Miguel Ernesto Leetch San Pedro fue denunciado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, al que perteneció 14 años, por cobrar sobornos a personas a las que debía atender de forma gratuita.
El instituto lo denunció ante la Fiscalía General de la República y también ante la Contraloría del entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Leetch pidió el soborno a Karel Angélica Ramírez Rojas, esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido el año pasado por tráfico de indocumentados, en su modalidad de albergue.
Leetch supuestamente cobró 126 mil pesos a la esposa de su representado, para costear sus «viáticos» y realizar diligencias.
Y, presumiblemente, también le pidió entre 300 y 500 mil pesos para sobornar a la FGR y conseguir la liberación del esposo, internado en el Penal del Altiplano, a través del beneficio conocido como criterio de oportunidad.
La pareja del procesado ya no le pagó los 500 mil porque estaban fuera de su presupuesto y decidió informar de la situación al IFDP, que entonces estaba adscrito al CJF y hoy al Órgano de Administración Judicial.
Leetch hoy es integrante del Pleno Regional en Materia Penal y del Trabajo de la Región Centro Norte, con sede en la Ciudad de México, un órgano jurisdiccional cuya jerarquía está por encima de juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito y sólo por debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El funcionario fue designado el 16 de abril de 2011 como defensor público federal, adscrito a la Delegación del IFDP en el Estado de México, cargo que desempeñó durante más de 14 años.
El pasado 1 de junio ganó la elección a magistrado de circuito en materia penal en su distrito judicial, con 195 mil 503 votos.
De acuerdo con la documentación, el 8 de agosto, tres semanas antes de asumir su magistratura, José Candelario Seseña Martínez, titular de la Delegación del IFDP en el Edomex, lo denunció ante la FGR por el delito de cohecho, es decir, por soborno.
Los pagos
La denuncia del IFDP señala que Miguel Ernesto Leetch San Pedro supuestamente pidió los sobornos a Karel Angélica Ramírez Rojas,
esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido el 20 de abril de 2024 por tráfico de indocumentados.
El africano fue internado en el Penal del Altiplano, donde un juez de control lo vinculó a procesos por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico de personas y tráfico de personas en su modalidad de albergue.
El primer pago de 20 mil pesos se lo entregó a Leetch el 19 de septiembre del año pasado, en el restaurante «El Carnalito», cerca del Altiplano. Un mes más tarde, en el mismo lugar, le entregó otros 6 mil pesos.
Estas sumas, dice la denuncia, eran para que pagara sus viáticos y acudiera al hotel del Edomex en donde fue detenido Ragani, para tomar fotografías que serían empleadas para elaborar un dictamen pericial.
La tercera entrega fue el 30 de enero del presente año en la oficina del entonces defensor público, ubicada en Nicolás San Juan 104, delegación San Lorenzo Tepaltitlán, sede de los tribunales federales en Toluca.
Esta vez fueron 100 mil pesos y, según la denuncia, era un adelanto de los 300 mil que pedía la FGR a Leetch para llegar a un
«arreglo» y liberar al esposo de Ramírez.
«Que en alguna conversación que tuvo con el defensor quedaron que cuando la citara en su oficina sería para darle información sobre su asunto, así como de las cantidades de dinero que requería para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, especificándole que la Fiscalía les pedía mínimo 300 mil pesos para llegar a un acuerdo para la liberación más pronta de su esposo», señala la querella.
«Que la citó en su oficina el día treinta de enero del presente año, para informarle de su asunto, insinuando además que debía llevar dinero para agilizar el mismo; por lo que ese día 30 de enero del año en curso, siendo alrededor de las 10:15 horas, llegó al edificio donde se encuentra la oficina del defensor Miguel Ernesto Leetch San Pedro, por lo que ya estando con el defensor la compareciente le entregó en un sobre color azul la cantidad de 100 mil pesos, mismos que le entregó en un paquete que hizo con una liga en billetes con la denominación de 500 pesos.
«Cuando el defensor los recibió, se levantó de su asiento, le dio vuelta y sin descolgar una cangurera que estaba en un perchero, los metió ahí y continuó tranquilamente».
En esa ocasión, la esposa de, marroquí le dijo que no le podía completar los 300 mil, ya que sus recursos llegaban por remesas y no podía cobrar más de una; incluso, le preguntó al defensor si él conocía a personas que las pudieran cobrar.
´»Él le dijo que estaba complicado, pero que vería que podía hacer, la compareciente le dijo que estaban dispuestos a colaborar o poner todo de su parte, pero que era complicado conseguir todo el dinero. El defensor le contestó que entendía, que no se preocupara y que haría todo lo posible por tener una cita con la Fiscalía, pero en un café, no en las oficinas, para exponerles a ellos que estaban dispuestos a pagar el dinero, pero que los esperaran», agrega.
Cita con el FBI
El 13 y 14 de mayo de este año, Karel Angélica Ramírez Rojas se reunió con agentes del FBI y de la FGR, en un encuentro en el que ella asegura que negoció la extradición de Sahid Ragani, para que fuera entregado de inmediato a Estados Unidos.
El problema es que ese trato lo hizo sin la aprobación del marido, quien luego le dijo que su intención era conseguir el criterio de oportunidad que le había prometido Leetch San Pedro para salir de la cárcel.
Este beneficio consiste en aportar a la Fiscalía información que le permita perseguir delitos más graves, a cambio de inmunidad penal y la libertad.
«A los 8 días de esa entrevista, la compareciente acudió a visitar a su esposo, quien le dijo que de la entrevista resultó que quedaron en un acuerdo de extradición, pero su esposo ya no estuvo de acuerdo, porque el defensor en dicha entrevista había solicitado la aplicación del artículo 256 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales (el criterio de oportunidad)», dice.
«Sin embargo, en días posteriores de ver a su esposo, el defensor la citó nuevamente en su oficina y le dijo que sí le habían otorgado el criterio de oportunidad a su esposo, pero para que ya lo concretaran tenían que ofertar una cantidad, ya que el Ministerio Público insistía que ella tenía los recursos económicos suficientes para ello».
Oferta de 500 mil
De acuerdo con esta relatoría del caso, Karel Angélica Ramírez le comunicó a Miguel Ernesto Leetch San Pedro que lo máximo que podía ofrecer eran 500 mil pesos por el criterio de oportunidad que dejaría en libertad a su esposo.
«La compareciente le indicó al defensor que no podía darle una cantidad específica que tenía que hablarlo con su esposo y que en todo caso le dijera como le informaba de la cantidad que podía ofertarle, que si se lo podía mandar por mensaje, indicándole el defensor que sí, pero que sólo le pusiera el número y ya», refiere la denuncia.
«Días posteriores, la compareciente le envió un mensaje WhatsApp al defensor con el siguiente número ‘1/2 m’, a lo que el defensor enseguida le dijo que al día siguiente a las 9:30 la veía en su oficina, aunque después le mando mensaje diciéndole que la vería al medio día».
El pasado 1 de julio ella se presentó a la oficina de Leetch y le dijo que sólo podía darle el medio millón de pesos, pero que le costaría tiempo conseguir ese dinero y eso la dejaría en ceros.
El defensor público le preguntó en cuánto tiempo tendría el dinero y ella le respondió que en un mes y medio o dos meses. La reacción del litigante fue de sorpresa y le cuestionó por qué tanto tiempo.
«Manifestando la compareciente que no era fácil para ellos tener ese dinero, sugiriéndole incluso la compareciente que la llevara con la Fiscalía, a lo que el defensor se sorprendió y le dijo que haría lo posible por llevarla y ya que ella se entendiera con ellos, pero que en todo caso se esperara a que regresara de vacaciones», agrega el documento.
El pago ya no se concretó.
El 6 de agosto, la esposa de Sahid Ragani compareció ante el IFDP para denunciar a Leetch. Lo hizo ante Mauricio Pérez Hernández, titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera; José Candelario Seseña Martínez, titular de la Delegación del IFDP en el Edomex, y Elizabeth Ávila Jiménez, Coordinadora Técnica de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera.
Dos días después, Seseña presentó la denuncia ante la FGR contra el hoy magistrado.